Solicitan a 289,000 personas sean beneficiadas al Sistema Familiar de Salud.

Diario Dominicano.

Un nuevo conflicto empaña las relaciones entre el gobierno y el sector sindical del país luego que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) sometiera una propuesta de resolución para incluir en el Sistema Familiar de Salud (SFS) a más de 289,000 personas beneficiadas con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y a sus descendientes.

La medida sería tomada a través de un decreto del presidente Danilo Medina.

La propuesta del sector gubernamental en el CNSS fue presentada en la última reunión del 15 de este mes de ese organismo que preside la ministra de Trabajo, Maritza Hernández.

La medida sería tomada a través de un decreto del presidente Danilo Medina.

La propuesta del sector gubernamental en el CNSS fue presentada en la última reunión del 15 de este mes de ese organismo que preside la ministra de Trabajo, Maritza Hernández.

La propuesta fue rechazada de inmediato por Pedro Julio Alcántara, Secretario General de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (FENTICOMMC) y Rafael Santos, ex Presidente de la Confederación De Trabajadores Unitaria y de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

"Se pretende favorecer a un sector que no aplica para el régimen contributivo instituido por la Ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social y el Seguro Familiar de Salud, recurriendo a la demagogia política, para dar la impresión que la República Dominicana procede a favor de los emigrantes haitianos", expresaron.

Indicaron que esa medida no soluciona el problema de estos laboriosos trabajadores y perjudica a cientos de miles de personas que debieran estar protegidos por la seguridad social como dice la ley a favor de los discapacitados, los envejecientes y las madres solteras.

Afirmaron que esa resolución provocaría la quiebra del sistema de seguridad social, puesto en vigencia en virtud de la Ley 87-01, porque generará privilegios irritantes a favor de personas que no han cotizado en el sistema durante los 14 años que lleva operando la Seguridad Social en la República Dominicana .

Aseguraron que esta medida afecta a los trabajadores de los municipios y los distritos municipales que no pudieron cargar a tiempo sus nóminas y para ser incluidos en la seguridad social necesitarían que el Congreso Nacional promulgue una ley de amnistía para condonar las deudas acumuladas.

Igual sucede con los empleados y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que no han podido afiliar a sus trabajadores al sistema y que no pueden hacerlo sin que se promulgue dicha Ley.

En cambio la demagogia pretende incluir en el sistema más de 250,000 trabajadores y sus familiares lo que descapitalizaría el Sistema Nacional de Seguridad Social.

Asimismo, expresaron que viola la Ley 6-89 que crea el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, en cuya jurisdicción caen la mayoría de esos extranjeros, los cuales deben ser asegurados por sus empleadores pagando el 1 por ciento de su nómina a ese fondo.

Explicaron que la Ley 6-89 indica que en el Fondo de Pensiones de los trabajadores de la Construcción se afilian los trabajadores de ese sector del mercado laboral dominicano.

La propuesta en cuestión modifica los artículos 20,22, 28 y 34 del Reglamento de la Tesorería de la Seguridad Social "para facilitar la filiación al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSD) de los extranjeros en situación regular".

El artículo primero de la resolución propuesta indica que "se establece la afiliación al SDSS de todas las personas de nacionalidad extranjera que se encuentren en situación migratoria regular en el país".

El artículo 3 indica que "la Tesorería de la Seguridad Social afiliará al SDSS a los trabajadores extranjeros regularizados, utilizando como documento de identidad el pasaporte con visado de trabajo, el contrato de trabajo y el carnet de Migración".

También, "con la Cédula de Identidad Personal para Extranjeros a los extranjeros que se beneficien de un status de residente permanente o de residente temporal en el país".

"Si se aplica esa resolución se destruiría la Seguridad Social por falta de solvencia económica, al igual que el Fondo de la Seguridad Social", precisaron.

Advirtieron que la 87-01 es una Ley Orgánica y no puede modificarse mediante un decreto presidencial, sino por la dos terceras partes de los miembros de las Cámaras Legislativas.

Aseguraron que recurrirán a los tribunales judiciales para procurar una medida cautelar que frene la pretensión ilegal del Consejo Nacional de la Seguridad social.

Afirmaron que nadie detendrá la lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos adquiridos y que se encuentran protegidos por leyes orgánicas y por la propia Constitución de la República.