¿Por qué incluir la perspectiva de género en los sistemas de Seguridad Social?

Porque las mujeres suponen el 50.6% de la población de la región, unos 315 millones de personas, y pese a que se han logrado grandes avances en la igualdad formal entre mujeres y hombres, lo cierto es que aún falta mucho por hacer para lograr llevar la igualdad a la práctica.

Así, las desigualdades por razón de género persisten, en ocasiones de forma explícita y en otras a través de formas más sutiles de discriminación indirecta, pero con iguales consecuencias negativas.

Las principales desigualdades que podemos encontrar en los sistemas de seguridad social son:

Menores pensiones contributivas para las mujeres debido a que en su vida laboral acumulan menor densidad de cotizaciones. Esto se debe a que:

Se incorporan en menor medida al trabajo remunerado debido a que aún siguen siendo las principales encargadas de las tareas domésticas y de cuidado de mayores y menores dependientes.

Acceden a trabajos en peores condiciones que las de sus compañeros varones, con frecuencia en puestos de trabajo de baja cualificación y menor remuneración. No en vano, los principales sectores de trabajo para las mujeres en América Latina son el servicio doméstico, la industria manufacturera de exportación (maquilas) y la agricultura de temporada.

Tienen una mayor inestabilidad laboral, ya que las mujeres son mayoría en los contratos a tiempo parcial y en los de duración determinada

Importante brecha salarial de género

Las interrupciones reiteradas de su carrera profesional debidas al cuidado de los mayores o menores dependientes.

Comportamiento pro-cíclico del desempleo femenino, de forma que las mujeres son las primeras en perder sus empleos en los contextos económicos desfavorables.

Las mujeres son las principales perceptoras de pensiones no contributivas y de pensiones derivadas de los derechos adquiridos por su cónyuge o pareja, cuya cuantía por lo general cubre solo las necesidades básicas. No en vano se observa un aumento en el porcentaje de mujeres mayores en situación de pobreza e indigencia, que supera al de varones.

Algunos sistemas de seguridad social incluyen elementos discriminatorios, como el uso de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo para el cálculo de la pensión, para reflejar la mayor esperanza de vida de las mujeres resulta en menores pensiones para ellas, aunque hubieran cotizado las mismas cuantías durante los mismos años que un varón.

Los sistemas de seguridad social en su mayoría no tiene en consideración el trabajo no-remunerado que principalmente realizan las mujeres (cuidado de personas en situación de dependencia, tareas domésticas, etc.).

Las mujeres tienen un menor acceso a la atención sanitaria y a medicamentos, debido a su menor autonomía económica. A esto se suman los problemas derivados de la maternidad, la violencia de género y los abusos, el impacto en la salud de las dobles jornadas de trabajo y las consecuencias de no incluir la perspectiva de género en la atención sanitaria.