OPINIÓN: Defensa de la competencia, consumo y COVID-19

Por Víctor Mateo Vásquez

El artículo 50 de la Constitución, plantea que en el caso dominicano

existe libertad de empresa. Agrega, además, que no se permitirán

monopolios, salvo en provecho del Estado. De allí se desprende el rol

del Estado a los fines de dictar medidas para regular la economía y

velar por la competencia libre y leal, aunque tiene la facultad de

adoptar las medidas que fueren necesarias para evitar efectos nocivos

en los distintos mercados.

Por su lado, la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia, procura

promover y defender la competencia efectiva para incrementar la

eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de

generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios de

estos bienes y servicios en el territorio nacional. A raíz de esto, se

ha consensuado que las legislaciones de competencia tienen un interés

esencialmente económico.

En las últimas semanas, las autoridades de competencia han asumido

roles según sus facultades legales de cada país. Se ha visto como la

política de competencia ha sido flexible en algunos casos, otras veces

rígida, como el caso de Estados Unidos.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),

las leyes de competencia buscan preservar una situación de rivalidad

entre las empresas, motor de funcionamiento del mercado, esto bajo el

entendido de que cuando las empresas compiten, movidas por el objetivo

de maximizar sus beneficios, el bienestar de los consumidores (y de la

sociedad en su conjunto) aumenta, porque disfrutan de menores precios,

mayor calidad o mayor variedad de productos. Por el contrario,

conforme se atenúa la rivalidad empresarial, el bienestar de los

consumidores y el bienestar de la sociedad se reducen.

Durante estos días de lamento por el COVID-19, mucho se ha debatido

entorno a los sobreprecios de los guantes de latex y las mascarillas,

cuestión que puede dañar la economía, los consumidores, en fin, a toda

la sociedad. En Sudáfrica, por ejemplo, la autoridad de competencia

demandó a un distribuidor mayorista y cadena de farmacias por precios

excesivos en contexto del Coronavirus. En Italia, la autoridad

competente estableció que competidores en salud y alimentos pueden

coordinar distribución, transporte o intercambiar información sobre

capacidad.

En el caso local, la Comisión Nacional de Defensa de la competencia

(Procompetencia), se mantiene vigilante. Así lo ha expresado en

diversos comunicados donde plantea que monitorea el comportamiento

empresarial en los mercados de bienes y servicios esenciales para toda

la población en estos momentos de crisis sanitaria, y respalda las

iniciativas adoptadas por Proconsumidor y demás instituciones del

gobierno, así como en coordinación de las empresas, con el fin de

lograr el correcto abastecimiento y racionamiento de bienes. Esto para

evitar que agentes económicos se aprovechen de la situación e incurran

en prácticas prohibidas.

Al final, lo que se pretende es que exista libre competencia, esto es,

la posibilidad de acceder a los mercados sin barreras artificiales y

que cada vez más haya consumidores informados y conocedores de sus

derechos.

El autor es: Abogado y catedrático